Opinión Jcs

Libertad y constitución

Sandra Estévez Baena - 13/11/2017 @ 00:00

Actualmente, en la agenda pública de nuestro país, parece que el hablar de
constitucionalismo, en concreto el constitucionalismo español, se equipara a un animus
restrictivo en el ejercicio de los derechos y libertades.

Se proclama su caducidad, aduciendo una desconexión con las generaciones actuales, para
quienes su redactado supondría una carga. Otras se cuestionan su rigidez, e incluso algunas,
en grave ejercicio ético, plantean la dicotomía entre la Constitución y lo correcto de su
incumplimiento, en base a una Justicia natural. Lo falaz de su argumentación es que emplean
aspectos objetivamente ciertos para deformarlos en un ejercicio que es tanto resultado
como medio propagandístico. Es por tanto imperativo el análisis de los aspectos discutidos,
para hacer política una vez determinados, y no al revés, esto es, hacer política desde una
opinión prefabricada, conllevando una evidente deformación de la realidad. Existen dos
cuestiones sociales preocupantes, y la menos grave es la constitucional.

La realidad es que el constitucionalismo a lo largo de su evolución de las formulaciones
teóricas de Grocio en el siglo XVI, sus máximas representaciones, constitución
estadounidense de 1787 y de la Francia revolucionaria de 1791, hasta el actual
constitucionalismo de eficacia normativa, y no solo programática, supone una oposición al
abuso autoritario y arbitrario de los dirigentes, entorno a dos pilares: La defensa de los
derechos fundamentales como límite a la autonomía del individuo y a su segunda
fundamentación, el ejercicio de la soberanía popular mediante la democracia. Las
constituciones no se erigen como acto represor, sino en todo caso en limitadores al servicio
de la voluntad mayoritaria del pueblo.

La Constitución Española, normativa suprema de nuestro ordenamiento jurídico, se erige
como marco y garante de los derechos fundamentales, en un articulado que es reflejo de
normativas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas de 1948 o la Convención Europa de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales de 1950, fuentes que son irónicamente citadas para su crítica.

Es una Constitución muy joven en la comparativa comunitaria, constitución italiana de 1947,
alemana de 1949 o francesa de 1958, encontrándose asimismo influenciada por éstos textos.

No se niega que precise de ciertas modificaciones, siendo éstas algo necesario y positivo
para la propia salud constitucional. Sin embargo, el clamor por su caducidad no proviene de
la amplia demanda social, como sí ocurrió en su aprobación consensuada, sino de ciertos
sectores minoritarios, para los que la Constitución resulta un impedimento a que su
voluntad predomine sobre la de la mayoría democrática.

La Constitución no resulta per se opresora a las libertades de la ciudadanía. El problema
reside tanto en la falta de voluntad de acuerdo, anteponiendo ideología al progreso del
conjunto de la sociedad, como en su uso como herramienta política, poniendo irónicamente
en valor sus funciones como garante de derechos y libertades de la democracia.

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